Datos personales

Mi foto

Agrupación Local del Partido Comunista de Andalucía en Mairena del Alcor (Sevila).

lunes, 26 de enero de 2015

Andaluces, resignaos, pedid firmeza y estabilidad

Titular de El Mundo del día 21 de octubre de 2014, advirtiendo de la amenaza comunista

Quizás sea porque la ciudadanía vive obnubilada por unos medios informativos que han logrado que los detalles escabrosos de la corrupción se hayan convertido en el morbo de nuestros días, comprobamos en cada suceso de la actualidad que muy pocas veces la atención se centra en lo importante, de tal modo que en los debates a cualquier nivel se acaba dialogando por lo superficial y no por lo que verdaderamente nos afecta.

El acuerdo que permitió el cogobierno de PSOE e Izquierda Unida en Andalucía (y que impedía al PP entrar en la comunidad andaluza por primera vez) tuvo desde su inicio críticas desde todas las posiciones políticas. Desde la derecha, que consideraba el pacto como un asalto a la mayoría lograda en las elecciones. Desde los mismos “socios”, que nunca estuvieron cómodos y pasaron por momentos de vértigo (recuerden la Corrala Utopía) para acabar tres años más tarde descubriendo espantados que el pacto a punto de terminarse era “inestable”. Hasta le llegaron feroces críticas desde sectores de la propia izquierda, quienes llegaron a presagiar en el acuerdo un siniestro alineamiento de IU con los recortes de la Troika y con Merkel en persona.
También hubo posiciones que, incluso siendo favorables a las actuaciones de IU en el parlamento andaluz, criticaron el cogobierno porque consideraban que perjudicaba a la imagen del partido, pues le igualaba en el imaginario popular a los ahora conocidos como partidos del régimen.

Desde aquí no valoraremos las distintas posiciones realizadas desde los demás partidos, ni valoraremos si este periodo perjudicó la imagen de IU-A, porque nos confesamos faltos de los necesarios conocimientos de marketing, propaganda y telegenia para ello, y porque, como hemos dicho al inicio, en ocasiones puede ocurrir que la atención se centre en aspectos secundarios y se soslayan otros aspectos que también consideramos importantes. Ya fuese promovido por la Troika, con tendencia a la inestabilidad o dañino para la imagen, queremos preguntarnos ¿qué efecto hubiera tenido en los andaluces el proyecto que proponía Izquierda Unida?

Y nos interesa hacer un breve análisis de este proyecto por dos motivos:
1-  para que los andaluces reconozcan las ideas que lanzó IU-A cuando las vean reflejadas (o directamente fotocopiadas) en programas de otros y nos las quieran vender como nuevas.
2-     para que los andaluces, en el peor caso, no pierdan la memoria de este proyecto si no vuelve a verse, en Andalucía o en cualquier otra tierra, un conjunto de medidas sociales tan ambicioso como el que propuso IU, ni siquiera (como nos tememos) en los programas de los que parecen llevados en volandas a gobernarnos en el futuro inmediato.

La ley “antidesahucios”.

Por primera vez en la Historia veíamos los españoles, negro sobre blanco y en un boletín oficial, una ley que se preocupaba por los intereses de las personas y no por los intereses de los bancos propietarios de viviendas.
Una ley (Ley sobre la Función Social de la Vivienda) que frenaba el horror de los desahucios y que sancionaba a las entidades que acaparasen viviendas vacías con objeto de especular con ellas.
Esta ley no venía a hacer otra cosa que refrendar el concepto de la vivienda como derecho y no como mercancía. Suponemos que esta ley pionera es una de las zozobras principales de esa supuesta inestabilidad que acabó con el pacto. No nos extraña porque dado el revuelo que causó en su origen (no olvidemos las acusaciones a la consejera Elena Cortés y que el PP no dudó en frenarla en interminables procesos burocráticos) sin duda debía suponer un auténtico torpedo en la línea de flotación de lo que resta de nuestra economía del ladrillo y que tantos beneficios produjo a los bancos.



La Banca Pública.

El otro gran tembleque que amenazaba con hacer rodar la estabilidad andaluza era sin duda el proyecto de la Banca Pública. Nacida como ente de crédito, se proyectaba como empresa pública de la Junta con capacidad de poseer ficha bancaria y de gestionar fondos y ofrecer préstamos.
Como sabemos muy bien por desgracia para nosotros, la banca privada –al igual que cualquier empresa privada- tiene como objetivo primordial repartir  beneficios entre sus propietarios y accionistas, sea como sea e incluso aceptando un riesgo. Pues bien, esta ley propuesta por IU tenía el propósito de desestabilizar nuestra economía procurando el beneficio de pequeños y medianos empresarios. Para algunos esto suponía dejarnos al borde del abismo.


Ley de Transparencia

Una de las dos leyes que IU logró sacar adelante, llevaba a extremos más exigentes de lo legislado hasta ahora en España la necesaria regeneración democrática de administraciones, ayuntamientos, agencias, universidades, partidos, sindicatos e incluso a la Iglesia católica.
En este caso no hubo tantas trabas por parte del PSOE, dado que su tradición de escándalos en nuestra comunidad les invitaba a ello. Se trataba con esta ley de dar la mayor claridad posible al uso de las cuentas públicas, así como perseguir con dureza a los cargos que hiciesen mal uso de los fondos, con sanciones, despido e inhabilitación para ocupar cargos similares.

Ley Integral de Agricultura

Siendo la agricultura un sector estratégico, consideró IU-Andalucía que era fundamental detener la tendencia que llevaba a que la tierra continuara concentrándose cada vez en menos manos y que además esas tierras permaneciesen improductivas retenidas por bancos y entidades especuladoras, con riesgo de convertirse en una burbuja similar a la de la vivienda.
Era necesario favorecer el desarrollo rural, frenar el abandono de los jóvenes en los campos y procurar que, como recomienda la FAO, un país sea capaz de producir el 50% de los alimentos que consume.




Ley de Memoria Democrática

Cabe plantearse si es ésta otra de las leyes que provocó el roce entre los socios, puesto que era inevitable realizar odiosas comparaciones con lo legislado por el PSOE en esta materia bajo el mandato de Zapatero.
La ley andaluza superaba a la estatal sobre Memoria Histórica en amplios aspectos: garantizaba el derecho de las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el franquismo y los equiparaba a los tratados internacionales, incluía los derechos de verdad, justicia y reparación, consideraba como víctimas también a los maquis, a los niños robados y a las víctimas no sólo de la dictadura sino de la transición, proponía añadir esta memoria en los proyectos educativos de secundaria y bachillerato, anulaba  sentencias como la de Blas Infante y obligaba a la retirada de la variada simbología fascista de nuestras calles y monumentos.

Renta Básica

Una de las pretensiones de IU desde 2009 a nivel nacional y que venía a querer cubrir las necesidades básicas de los andaluces de manera gradual comenzando por los que no tuviesen cobertura por desempleo ni dispongan de otros ingresos, y posteriormente las personas cuyas rentas sean inferiores a la cuantía de la renta básica.

Decreto-ley de mínimo vital de agua y energía

Para combatir la llamada “pobreza energética”, IU consideró fundamental el acceso a los mínimos de luz y agua para las personas condenadas a su carencia por la crisis. En unos momentos en los que se dedican miles de millones a la banca, resultaba indigno que las administraciones públicas actuasen con neutralidad ante esos casos.


Otras normativas

El pacto incluía en total 28 leyes y más de 200 medidas, entre las que cabe destacar:
-          Ley de participación ciudadana
-          Ley de Transexualidad
-          Ley contra el fraude fiscal y social
-          Ley sobre los derechos de las personas con discapacidad
-          Ley de reconocimiento y promoción profesional del profesorado
-          Ley de movilidad sostenible
-          Ley de sostenibilidad sanitaria
-          Ley de espacios protegidos
-          Desarrollo de la Ley de igualdad y contra la violencia de género

Este es en grandes trazos el proyecto que se hubiera desarrollado en Andalucía de haberse cumplido el pacto firmado en su momento.
Cabe señalar que Izquierda Unida obtuvo sólo 12 diputados de los 109 que posee el Parlamento Andaluz y que se enfrentó a los inconvenientes de depender económicamente de unos presupuestos estatales manejados por un PP despechado por habérsele arrebatado el goloso pastel del sur.
Desconocemos si volveremos a tener la oportunidad de ver un conjunto de proyectos tan ilusionantes en la realidad de un parlamento. Nosotros pondremos nuestro grano de arena para colaborar a que se presente a las ya inminentes elecciones andaluzas un proyecto aún mejor.

viernes, 23 de enero de 2015

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

La presencia de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, evidencia que es posible hacer otra política y se demuestra con la consecución de esta Ley, que era una de las 100 Leyes propuestas por IU para entrar en el gobierno de La Junta y acordadas con el PSOE.


El Consejo de Gobierno aprobó el martes pasado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que será remitido al Parlamento y que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en esta comunidad, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha expuesto que esta ley  --que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal-- amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

   Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

   El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

   Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.

   El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.

   En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

PLAZO DE 18 MESES PARA RETIRAR SÍMBOLOS
  
  Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

   Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

   Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de AND.

   Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.

   En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.

ANULACIÓN DE SENTENCIAS

   Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como "consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos". En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión "anulación de sentencia", ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica "declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones" y recalca que eso es distinto a la "anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos".

   Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede "tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias".

   Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

   En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

   Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

   Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

Comunicado del PCE ante el debate de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

 El Partido Comunista de España saluda positivamente la tramitación parlamentaria definitiva del texto de la Ley de Memoria democrática de Andalucía que dotará a esa Comunidad de una legislación que, en nuestro entender, supera la vigente legislación estatal y es más integral y ambiciosa que la aprobada en otros territorios del Estado. A eso se comprometió IU-LV-Convocatoria por Andalucía a través de su programa electoral y así se ha hecho cumplir.


A nuestro parecer, el texto que se lleva es importante porque recoge las demandas que de llevan haciendo desde el movimiento memorialista y es acorde con el derecho internacional que ha de asumir y garantizar la Administración del Estado para con sus ciudadanos y ciudadanas

Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los desaparecidos por el franquismo. Junto a ello, se crea un banco de ADN para posteriores identificaciones, se desarrolla un régimen sancionador afecta tanto a las excavaciones sin autorización y como a la destrucción de fosas. La Junta, además, una vez aprobada su ley, deberá establecer un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento, a partir del cual denunciará, ante los órganos judiciales, la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad y comience así la investigación de los delitos. Evidentemente, y como hemos señalados en otras ocasiones, esto es acorde con los establecido por la ONU en relación con las desapariciones forzadas, acorde con las últimas recomendaciones del relator especial para el cumplimento de los DDHH en España y de las que el PCE, por su incumplimiento, hace como reivindicaciones propias.

Queremos resaltar algunos de los aspectos que incluye el texto y que han de garantizar el desarrollo de políticas públicas de memoria en esa Comunidad:

- La actualización del mapa de fosas en Andalucía, ya que existen más de 600 enterramientos ilegales muchos de ellos no recogidos en el publicado en su día por en Ministerio de Justicia.

- El concepto de víctima a familiares se extiende a los casos de niños robados y a los deportados en los campos de exterminio nazis, por lo que se amplia los casos de investigación.

- La orquilla temporal abarcará desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982; por tanto, incluye el periodo conocido como La Transición y la II República, lo que permitirá profundizar en el estudio y en conocimiento de estos dos periodos históricos recientes.

- Se elaborará un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que permitirá saber quienes, cuantos, donde, por qué y por quién sufrieron persecución y hasta muerte.

- Establecerá medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas por la realización de trabajos forzados a partir de los batallones de presos políticos.

- Fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, como recoge la Ley 52/07. Pero esta futura ley es más clara y avanza en este aspecto, ya que marca sanciones por la exhibición de simbología fascista y por cualquier tipo de manifestación y exaltación de la misma. No considera que puedan concurrir razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, como si marca el marco estatal. La Junta de Andalucía efectuará la retirada "subsidiariamente" de esos símbolos.

- La Memoria democrática se incluirá en el currículo educativo en todos los niveles que garantice la información de lo acontecido durante el periodo republicano, la guerra de en España y la dictadura.

Como no podría ser de otro modo para que estas y otras medidas apuntadas en el norma de lleven a cabo, la ley marcará un presupuesto para ello y una memoria económica. Hemos de dejar constancia que, a partir de la Dirección Gral. de Memoria Democrática, en esta legislatura ya  se han venido realizando actuaciones que vendrá marcadas en la Ley, como es el caso de la señalización de los lugares de Memoria.

Por último, el PCE insiste en que, durante el debate parlamentario previa a su aprobación, se defienda la nulidad de la sentencias de los tribunales durante la dictadura, paso previo que nuestro partido a defendido siempre para acabar definitivamente con la impunidad del franquismo.

 Diego Valderas (@DValderasS), Vicepresidente de la Junta por IU lo comunicaba.

.@DValderasS "En Andalucía, la política de memoria se eleva a política pública: verdad, justicia y no repetición" #‎EnAndalucíaHayMemoria.

@DValderasS "La Ley d Memoria reconoce la figura d #‎BlasInfante, padre de la patria andaluza y víctima del fascismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "La Junta exigirá al Gobierno de España la anulación de las condenas del franquismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "Ley d Memoria es d obligado cumplimiento d todas ls Administraciones Públicas" #EnAndalucíaHayMemoria

Frente al abandono sufrido por las víctimas del franquismo denunciada por la ONU #EnAndalucíaHayMemoria

Dignidad a las víctimas del franquismo sepultadas un silencio de décadas en fosas y cunetas #EnAndalucíaHayMemoria

A eliminar los símbolos del franquismo criminal en Andalucía! #EnAndalucíaHayMemoria



jueves, 8 de enero de 2015

SYRIZA: UNA CUESTIÓN DE DIGNIDAD.

Los griegos deberían ser tan libres para decidir, como la Europa del austericidio responsable a la hora de asumir las consecuencias políticas de su gestión de la crisis sin recurrir al miedo.


Alguien en los salones de la cancillería berlinesa debería reflexionar cuanto antes acerca del tono y el contenido de los mensajes que se están enviando en relación con la crisis griega y las elecciones previstas para el próximo 25 de Enero en el país de los helenos, cuna, por lo demás de Europa, que nació a orillas del mediterráneo, no en la cuenca del Ruhr, algo que parece haberse olvidado, dicho sea de paso. 

   Para empezar, cualquier consultor en comunicación solamente medio avezado, sabe que cada vez que desde los círculos económicos mundiales en general y desde los alemanes en particular, se menciona la posibilidad de la salida de Grecia de la zona Euro si gana Syriza, lo que se hace es regalar más votos a una formación que se alimenta del hartazgo de una sociedad machacada por una crisis atroz capaz de acabar con cualquiera. Merkel, sutilmente en segundo plano, y la Troika hacen mal en no cambiar el chip porque ya no dan miedo, sino todo lo contrario: Ganas de darles en los morros, que es lo que parece que tiene el electorado griego. 
   Salvo que se haga adrede y lo que se quiera, por más que no se confiese, es que Grecia abandone el Euro, lo cierto es que tras seis años de sufrimiento, con un paro del 26%, una deuda pública que se ha triplicado en 20 años y que ronda los 28.000 Euros per cápita, con el 30% de la sociedad viviendo en el límite de la pobreza, el 10% de la infancia en situación de “inseguridad alimentaria”, según terminología de la OMS, o en el que servicios públicos básicos como la sanidad o la educación han sufrido recortes que aquí ni siquiera nos podemos imaginar y que han supuesto que en torno a uno de cada cinco ciudadanos griegos esté sanitariamente desatendido, datos de Médicos del Mundo, alguien debería caer en la cuenta de que esos mensajes del “y si quieres te vas” no calan en un país que parece que ya tiene poco que perder y en el que las cosas, difícimente podrían ir peor, de hecho, su PIB se ha reducido un 25% desde 2008. Reconozcámoslo, tras tres rescates y una reestructuración de deuda en 2011 de la que nadie se acuerda, nada ha salido bien.





IU con Syriza, y por el cambio, en toda Europa.
   'Syriza', fuerza política hermana a Izquierda Unida en Grecia, está a punto de protagonizar el cambio de rumbo del gobierno griego y, con él, iniciar un cambio de ciclo en Europa que, hoy más que nunca, debe ser social y debe mirar directamente hacia el bienestar de los 500 millones de europeos y europeas. 

   Grecia, como España o Portugal también lo son, es el ejemplo más claro de las consecuencias acarreadas al abandonar la gestión de la vida política en manos de poderes económicos. Fruto del trabajo cotidiano, desde hace años, con los compañeros y compañeras de Syriza, y desde Izquierda Unida, conocemos muy bien las características de las derivas antisocial y antidemocrática griegas, que tienen un reflejo casi mimético en nuestro país: dos pueblos hermanos, que sufren de manera parecida una Unión Europea al servicio de las grandes corporaciones financieras y multinacionales y cuyos pueblos se resisten, también desde posiciones políticas hermanas, combatiendo democráticamente ese sino marcado desde otras instancias. 

   Y es que las constantes imposiciones de entidades no elegidas ni controladas democráticamente, como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, para solucionar problemas económicos que los mismos poderes económicos anidados en tales organismos han diseñado y ayudado a consolidar, constituye una paso atrás, quizás la mayor regresión en décadas, en el concepto más amplio y humanista de democracia y en el propio proyecto de integración europea: el que garantizaba que la decisión de los ciudadanos era el más sagrado contrato dentro de las sociedades europeas; el anhelo de la unión, no sólo económica, sino también política y social, de nuestro común continente.

   Grecia, como España o Portugal, ha sufrido una estafa financiera al más alto nivel, y la inoperancia y rendiciones absolutas de los gobiernos conservadores y socialdemócratas, supuestamente soberanos, que nos han gobernado en los últimos 10 años: en vez de castigar a los culpables del desastre económico, premian las políticas especulativas desmantelando y endeudando los Estados por medio del expolio directo a su población.

   Hoy Grecia es un país hundido por las recetas de los padrinos del desastre: un lugar donde la miseria, el hambre, las necesidades, el desempleo, las carencias o la inseguridad social, laboral y medioambiental se unen a la perdida total de la capacidad de decidir soberanamente sobre las políticas económicas o sociales.

   Las elecciones convocadas para este enero de 2015 son una oportunidad histórica para empezar a devolver la economía a las manos del pueblo griego, de donde nunca debió salir. Como lo serán las elecciones generales de España en 2015.

   En ese contexto, Izquierda Unida condena taxativamente la puesta en marcha de campañas mediáticas y políticas que pretenden condicionar la libre decisión de los ciudadanos griegos ante la posibilidad de la victoria electoral de partidos que, como Syriza, quieren devolver el poder político al pueblo y cuestionan la deriva antidemocrática impuesta por instituciones económicas que anidan en otros foros, no elegidos pero que dictan los designios económicos de Europa. 

   Todos y cada uno de los miembros de IU, desde nuestros cargos institucionales y hasta los militantes o simpatizantes de base, manifestamos nuestra exigencia de preservar la libre elección del pueblo griego y mostramos nuestro rechazo más firme a las campañas de miedo que desde los grandes medios, o desde instituciones internacionales, intentan condicionar el voto en las próximas elecciones griegas.

   Instamos así a las instituciones europeas a velar por el buen funcionamiento de las elecciones y a impedir cualquier intento de limitar y/o condicionar la libre designación que tome en conciencia el pueblo griego.

   La victoria de Syriza, como la de la derrota del bipartidismo en España dentro de pocos meses, constituyen el inicio del fin de una UE contra las personas y su soberano derecho a decidir, y el principio del cambio en Europa hacia otro modelo de proyecto de integración europeo: abandonar la senda que destruye las economías, el medioambiente y el bienestar de las personas, en el altar de la especulación financiera.