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Agrupación Local del Partido Comunista de Andalucía en Mairena del Alcor (Sevila).

viernes, 23 de enero de 2015

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

La presencia de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, evidencia que es posible hacer otra política y se demuestra con la consecución de esta Ley, que era una de las 100 Leyes propuestas por IU para entrar en el gobierno de La Junta y acordadas con el PSOE.


El Consejo de Gobierno aprobó el martes pasado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que será remitido al Parlamento y que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en esta comunidad, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha expuesto que esta ley  --que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal-- amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

   Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

   El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

   Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.

   El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.

   En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

PLAZO DE 18 MESES PARA RETIRAR SÍMBOLOS
  
  Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

   Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

   Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de AND.

   Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.

   En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.

ANULACIÓN DE SENTENCIAS

   Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como "consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos". En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión "anulación de sentencia", ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica "declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones" y recalca que eso es distinto a la "anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos".

   Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede "tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias".

   Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

   En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

   Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

   Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

Comunicado del PCE ante el debate de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

 El Partido Comunista de España saluda positivamente la tramitación parlamentaria definitiva del texto de la Ley de Memoria democrática de Andalucía que dotará a esa Comunidad de una legislación que, en nuestro entender, supera la vigente legislación estatal y es más integral y ambiciosa que la aprobada en otros territorios del Estado. A eso se comprometió IU-LV-Convocatoria por Andalucía a través de su programa electoral y así se ha hecho cumplir.


A nuestro parecer, el texto que se lleva es importante porque recoge las demandas que de llevan haciendo desde el movimiento memorialista y es acorde con el derecho internacional que ha de asumir y garantizar la Administración del Estado para con sus ciudadanos y ciudadanas

Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los desaparecidos por el franquismo. Junto a ello, se crea un banco de ADN para posteriores identificaciones, se desarrolla un régimen sancionador afecta tanto a las excavaciones sin autorización y como a la destrucción de fosas. La Junta, además, una vez aprobada su ley, deberá establecer un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento, a partir del cual denunciará, ante los órganos judiciales, la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad y comience así la investigación de los delitos. Evidentemente, y como hemos señalados en otras ocasiones, esto es acorde con los establecido por la ONU en relación con las desapariciones forzadas, acorde con las últimas recomendaciones del relator especial para el cumplimento de los DDHH en España y de las que el PCE, por su incumplimiento, hace como reivindicaciones propias.

Queremos resaltar algunos de los aspectos que incluye el texto y que han de garantizar el desarrollo de políticas públicas de memoria en esa Comunidad:

- La actualización del mapa de fosas en Andalucía, ya que existen más de 600 enterramientos ilegales muchos de ellos no recogidos en el publicado en su día por en Ministerio de Justicia.

- El concepto de víctima a familiares se extiende a los casos de niños robados y a los deportados en los campos de exterminio nazis, por lo que se amplia los casos de investigación.

- La orquilla temporal abarcará desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982; por tanto, incluye el periodo conocido como La Transición y la II República, lo que permitirá profundizar en el estudio y en conocimiento de estos dos periodos históricos recientes.

- Se elaborará un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que permitirá saber quienes, cuantos, donde, por qué y por quién sufrieron persecución y hasta muerte.

- Establecerá medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas por la realización de trabajos forzados a partir de los batallones de presos políticos.

- Fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, como recoge la Ley 52/07. Pero esta futura ley es más clara y avanza en este aspecto, ya que marca sanciones por la exhibición de simbología fascista y por cualquier tipo de manifestación y exaltación de la misma. No considera que puedan concurrir razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, como si marca el marco estatal. La Junta de Andalucía efectuará la retirada "subsidiariamente" de esos símbolos.

- La Memoria democrática se incluirá en el currículo educativo en todos los niveles que garantice la información de lo acontecido durante el periodo republicano, la guerra de en España y la dictadura.

Como no podría ser de otro modo para que estas y otras medidas apuntadas en el norma de lleven a cabo, la ley marcará un presupuesto para ello y una memoria económica. Hemos de dejar constancia que, a partir de la Dirección Gral. de Memoria Democrática, en esta legislatura ya  se han venido realizando actuaciones que vendrá marcadas en la Ley, como es el caso de la señalización de los lugares de Memoria.

Por último, el PCE insiste en que, durante el debate parlamentario previa a su aprobación, se defienda la nulidad de la sentencias de los tribunales durante la dictadura, paso previo que nuestro partido a defendido siempre para acabar definitivamente con la impunidad del franquismo.

 Diego Valderas (@DValderasS), Vicepresidente de la Junta por IU lo comunicaba.

.@DValderasS "En Andalucía, la política de memoria se eleva a política pública: verdad, justicia y no repetición" #‎EnAndalucíaHayMemoria.

@DValderasS "La Ley d Memoria reconoce la figura d #‎BlasInfante, padre de la patria andaluza y víctima del fascismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "La Junta exigirá al Gobierno de España la anulación de las condenas del franquismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "Ley d Memoria es d obligado cumplimiento d todas ls Administraciones Públicas" #EnAndalucíaHayMemoria

Frente al abandono sufrido por las víctimas del franquismo denunciada por la ONU #EnAndalucíaHayMemoria

Dignidad a las víctimas del franquismo sepultadas un silencio de décadas en fosas y cunetas #EnAndalucíaHayMemoria

A eliminar los símbolos del franquismo criminal en Andalucía! #EnAndalucíaHayMemoria



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