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domingo, 12 de julio de 2015

POR LA UNIDAD POPULAR, POR UN NUEVO PAÍS


El Partido Comunista de Andalucía ha hecho un llamamiento a Alcaldes y Alcaldesas, concejalas y concejales, tanto a miembros del partido como a otros compañeros y compañeras pertenecientes a otros grupos de IULVCA e independientes, así como a otros cargos municipales elegidos en diversas candidaturas de izquierdas en distintos pueblos y ciudades de Andalucía.
La idea de esta convocatoria forma parte del acervo histórico del Partido Comunista: coincidencia en la movilización, programa participado y construcción de la alternativa.
La llegada de la democracia a los Ayuntamientos, en 1979, trajo de la mano de las candidaturas del PCE, de la CUT, del PTE y de otros grupos de izquierdas, gobiernos municipales, con sus alcaldes a la cabeza, destacados por la austeridad (ética y la eficacia en la administración de los recursos públicos), por ponerse al frente de las luchas y reivindicaciones sociales en sus municipios y por no robar. Gran parte de los hombres y mujeres de esas candidaturas diversas de la izquierda, junto a nuevos grupos y personas, conformaron, a partir de 1987, las candidaturas municipales de Izquierda Unida.
Ahora, ha llegado el momento de situar en el nuevo escenario toda la capacidad política transformadora de los ayuntamientos y de los cargos públicos municipales que defienden proyectos alternativos al juego de la alternancia bipartidista.
En las elecciones municipales del 24-M, en muchos Ayuntamientos se ha demostrado que los procesos participativos, hechos desde abajo, desatan la confianza y la ilusión, desbordando las campañas electorales hasta recuperar las instituciones para la gente. Las experiencias de Madrid, Barcelona, Zaragoza, las Mareas en Galicia y las demás candidaturas de confluencia nos muestran el camino para cambiar no solo los municipios sino también el conjunto del Estado.
Al tiempo, la fuerte presencia municipal conseguida por IULVCA, también evidencia que la política de Convergencia se pone en práctica, desde hace muchos años, en cientos de pueblos y ciudades. Los programas y las candidaturas se hacen contando con los profesionales más comprometidos, los y las jóvenes con mayores inquietudes, los y las sindicalistas más activistas, los colectivos más insertados en la sociedad local, junto a una militancia prestigiada por ser referente y ejemplo. Es así como se han obtenido decenas de mayorías relativas y absolutas; es así como se han obtenido grandes porcentajes de votos en otros cerca de doscientos pueblos y ciudades de toda Andalucía. Es así como se ha desarrollado la confluencia social y política, es así, como se construye Unidad Popular, que es una categoría política, con independencia de fórmulas jurídicas o marcas electorales. Y es así, por tanto, como debemos seguir interviniendo, en todos y cada uno de nuestros municipios de cara a las próximas convocatorias electorales y de cara a la reactivación de la movilización social indispensable en la construcción de la alternativa.

En ese sentido, nuestro compromiso político se expresa en la necesidad de las apuestas programáticas y líneas de actuación siguientes:
–       Entendemos que los Ayuntamientos tienen un gran potencial constituyente y que, en consecuencia, desarrollarlo es condición indispensable para, en primer lugar, ser muro de contención ante la reforma constitucional reaccionaria (que por la vía de los hechos), han implementado las oligarquías económicas, la derecha política, el bipartidismo (incluido PSOE) y la monarquía y, en segundo lugar, ser la punta de lanza de un verdadero proceso constituyente con protagonismo popular que blinde las conquistas sociales y democráticas y abra las puertas a un nuevo país.
–       Poner en marcha mecanismos de participación ciudadana, con verdaderas tomas de decisiones de la gente, transparencia municipal y comunicación que abran espacios de verdadero poder popular.
–       Refuerzo de los servicios públicos, políticas sociales, bolsas de empleo democráticas, recuperación de empresas y servicios privatizados por anteriores gobiernos municipales. Intervención en el mercado inmobiliario local desde el poder municipal. Nuestros pueblos y ciudades libres de desahucios. Es decir, dotarse de los medios necesarios para que ninguna persona de un municipio gobernado por nosotros sea privada de PAN, TECHO Y TRABAJO.
–       Cargos públicos municipales que están en los conflictos sociales y laborales de su entorno y que, como siempre hemos hecho, están a la cabeza de las movilizaciones y reivindicaciones de sus pueblos.
–       Hacer que nuestros Ayuntamientos sean los mayores activistas institucionales en la extensión de las ideas feministas, las políticas de género y de ayuda a la articulación organizativa del movimiento de mujeres.
–       Compromiso con el movimiento LGTB, políticas reales de igualdad y Ayuntamientos  y municipios libres de homofobia.
–       Municipios por la PAZ, contra la guerra y contra las agresiones imperialistas a los pueblos. Una Andalucia de PAZ requiere de Ayuntamientos que se posicionen  contra la existencia de bases militares extranjeras en nuestro suelo. Campaña contra la ampliacion de la base norteamericana de Morón, contra la existencia del ‘escudo antimisiles’ en Rota y contra la realizacion de las gigantescas maniobras militares de la OTAN  ‘Trident Juncture 2015′ en nuestras aguas jurisdicionales, espacio aéreo y suelo.
–       Retomar y extender la Red de Municipios por la III República.
–       Poner en marcha la Red Andaluza de Municipios contra el TTIP (acuerdo de libre comercio EE.UU-UE), impulsar la red estatal y participar en la red internacional que se está empezando a crear en toda Europa.
–       El compromiso de todos los cargos públicos municipales en la potenciación de las movilizaciones que las Marchas por la Dignidad están convocando para el próximo 22 de octubre.


Somos conscientes del momento político que vivimos, somos conscientes de la dificultad que conlleva intentar poner en marcha políticas de cambio social, desde los ayuntamientos, dentro del marco político y jurídico actual. Por ello es indispensable la superación del llamado pacto de estabilidad y la derogación de la Ley Orgánica de Régimen Local y de la Ley de Haciendas municipales.

Expresamos nuestra convicción en la necesidad de un cambio político, en las próximas elecciones generales, que pasa por la derrota del  gobierno del PP y por la ruptura de la actual alternancia bipartidista, condiciones sin las cuales serían imposible los cambios legislativos enunciados en el párrafo anterior.

Por todo ello nos reafirmamos en el compromiso, desde la fuerte implantación municipal aquí representada, de volcarnos en la puesta en marcha de los contenidos de esta declaración y de ser impulsores activos, desde la cercanía al pueblo en nuestra actividad institucional (ya sea en el gobierno o en la oposición), para la confluencia diaria con la gente (ser gente) y la convergencia en la movilización y en el programa con los sectores más activos y concienciados en la perspectiva, necesaria y de largo aliento, de construcción de la UNIDAD POPULAR.

viernes, 23 de enero de 2015

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA DE ANDALUCÍA

La presencia de Izquierda Unida en el gobierno de la Junta de Andalucía, evidencia que es posible hacer otra política y se demuestra con la consecución de esta Ley, que era una de las 100 Leyes propuestas por IU para entrar en el gobierno de La Junta y acordadas con el PSOE.


El Consejo de Gobierno aprobó el martes pasado el proyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que será remitido al Parlamento y que establece el régimen jurídico de las iniciativas para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en esta comunidad, bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

El texto supera y adapta a Andalucía la legislación estatal en vigor, además de ampliar su horizonte temporal. Así, además de la Segunda República, la Guerra Civil y la Dictadura franquista, incluye la Transición a la democracia hasta la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, con un periodo total que abarca desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha expuesto que esta ley  --que parte de una dotación económica de diez millones para un periodo quinquenal-- amplia la consideración de víctima a colectivos como los familiares o los niños robados; reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática; incluirá su estudio en los currículos educativos, y facultará a la administración autonómica para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.

   Asimismo, establecerá la prohibición expresa de exhibición de símbología fascista y obligará a las instituciones a eliminar cualquier vestigio en este sentido.

   El proyecto establece el marco de las políticas públicas para saldar la deuda con las víctimas y con los luchadores por la libertad, la democracia y la autonomía andaluza. Su estructura se organiza en seis títulos, dedicados a las víctimas de la represión, las medidas de reparación, los documentos de la memoria democrática de Andalucía, el fomento del movimiento asociativo y fundacional, la actuación administrativa y el régimen sancionador, además del título preliminar, seis disposiciones adicionales, una transitoria, una derogatoria, y dos finales.

   Respecto a las víctimas, el articulado extiende esta consideración (ya vigente para fusilados, guerrilleros, condenados y exiliados) a los familiares, a los niños robados, a quienes padecieron los campos de exterminio nazis y a colectivos que sufrieron especial persecución, como homosexuales o mujeres vejadas. Asimismo, y de acuerdo con los ayuntamientos, prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas. En esta jornada se conmemora la primera exhumación oficial de una fosa común, que tuvo lugar en Lecrín (Granada) en 2003.

   El texto legal refuerza el régimen jurídico de protección de los denominados Lugares de Memoria Democrática. Entre otras medidas, se recoge la creación del Inventario de Lugares y Senderos y la exigencia de informes vinculantes de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales para cualquier proyecto o actuación que afecte a estos enclaves.

   En la misma línea, la futura ley incluirá un conjunto de medidas encaminadas a la recuperación del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas durante la Guerra Civil y el franquismo.

PLAZO DE 18 MESES PARA RETIRAR SÍMBOLOS
  
  Respecto a los símbolos, se fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y nombres de calles, plazas y avenidas que todavía exaltan el golpe de 1936 y el franquismo. Además, se faculta a la Administración autonómica para llevar a cabo esta medida subsidiariamente.

   Los artículos dedicados a las fosas comunes incluyen disposiciones para facilitar la recuperación e identificación de los restos y establecen la elaboración de un plan cuatrienal que dará prioridad a las medidas de localización y exhumación. Estos trabajos deberán ser iniciados por la Junta o por los ayuntamientos a instancias de las familias, las entidades memorialistas y los investigadores.

   Cuando los enterramientos estén en terrenos privados, si el propietario no da su consentimiento, se autoriza al Gobierno andaluz a la ocupación temporal de su uso. Asimismo, la Junta estará facultada para realizar pruebas genéticas que permitan la identificación de las víctimas y crear un banco de datos de AND.

   Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.

   En este sentido, la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales podrá instar a la personación del Gabinete Jurídico de la Junta en aquellos procedimientos en que no haya sido denunciante. La medida se enmarca en el principio de justicia universal, que reclaman los familiares de las víctimas y organismos internacionales como la ONU.

ANULACIÓN DE SENTENCIAS

   Como disposición adicional cuarta, se incluye que la Junta instará al Gobierno central a que tome las medidas que procedan para el reconocimiento y restitución personal como "consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos". En este aspecto, de acuerdo con las recomendación del Consejo Consultivo, Diego Valderas ha expuesto que se ha decidido suprimir la expresión "anulación de sentencia", ya que dicho órgano ha recordado que la Ley de Memoría Histórica "declara la ilegitimidad de tribunales y de las condenas y sanciones" y recalca que eso es distinto a la "anulación de las sentencias, que no es posible por obstáculos jurídicos".

   Ha agregado que el Gobierno andaluz sí puede "tomar la determinación de exigir al Gobierno central que, de una vez por todas, sean anuladas las sentencias".

   Igualmente novedosa es la previsión de incluir los contenidos relacionados con la Memoria Democrática en los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permanente de personas adultas. De este modo, se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica.

   En el ámbito de la organización administrativa, la norma prevé la creación del Consejo Andaluz de la Memoria Democrática, como órgano consultivo de participación social, y del Instituto de la Memoria Democrática, que asumirá el estudio, la investigación y el impulso de las medidas para garantizar el cumplimiento de la ley.

   Finalmente, el régimen sancionador fija como infracciones muy graves, con multas de entre 10.001 y 150.000 euros, remover o construir en los terrenos donde haya fosas u otros restos humanos, la destrucción de estas o las excavaciones sin autorización. De carácter grave, con multas de entre 2.001 y 10.000 euros, se consideran incumplir la orden de retirada de escudos, insignias o placas; no conservar o realizar obras en los lugares de memoria democrática; trasladar restos humanos sin autorización, o no informar de su hallazgo casual.

   Entre las leves (multadas con entre 200 y 2.000 euros) figuran la exhibición pública de placas, escudos, insignias y otros elementos; impedir la visita pública, y dañar los espacios o el mobiliario que estén catalogados como Lugares de Memoria. La Junta no subvencionará o dará ayudas públicas a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que sean sancionadas.

Comunicado del PCE ante el debate de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía

 El Partido Comunista de España saluda positivamente la tramitación parlamentaria definitiva del texto de la Ley de Memoria democrática de Andalucía que dotará a esa Comunidad de una legislación que, en nuestro entender, supera la vigente legislación estatal y es más integral y ambiciosa que la aprobada en otros territorios del Estado. A eso se comprometió IU-LV-Convocatoria por Andalucía a través de su programa electoral y así se ha hecho cumplir.


A nuestro parecer, el texto que se lleva es importante porque recoge las demandas que de llevan haciendo desde el movimiento memorialista y es acorde con el derecho internacional que ha de asumir y garantizar la Administración del Estado para con sus ciudadanos y ciudadanas

Es la primera vez que el Estado, a través de la Junta de Andalucía en este caso, asume la exhumación directa de los desaparecidos por el franquismo. Junto a ello, se crea un banco de ADN para posteriores identificaciones, se desarrolla un régimen sancionador afecta tanto a las excavaciones sin autorización y como a la destrucción de fosas. La Junta, además, una vez aprobada su ley, deberá establecer un protocolo para la exhumación, traslado y custodia de los restos hallados en fosas comunes, de obligado cumplimiento, a partir del cual denunciará, ante los órganos judiciales, la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad y comience así la investigación de los delitos. Evidentemente, y como hemos señalados en otras ocasiones, esto es acorde con los establecido por la ONU en relación con las desapariciones forzadas, acorde con las últimas recomendaciones del relator especial para el cumplimento de los DDHH en España y de las que el PCE, por su incumplimiento, hace como reivindicaciones propias.

Queremos resaltar algunos de los aspectos que incluye el texto y que han de garantizar el desarrollo de políticas públicas de memoria en esa Comunidad:

- La actualización del mapa de fosas en Andalucía, ya que existen más de 600 enterramientos ilegales muchos de ellos no recogidos en el publicado en su día por en Ministerio de Justicia.

- El concepto de víctima a familiares se extiende a los casos de niños robados y a los deportados en los campos de exterminio nazis, por lo que se amplia los casos de investigación.

- La orquilla temporal abarcará desde el 14 de abril de 1931 hasta el 11 de enero de 1982; por tanto, incluye el periodo conocido como La Transición y la II República, lo que permitirá profundizar en el estudio y en conocimiento de estos dos periodos históricos recientes.

- Se elaborará un censo de víctimas de la represión en Andalucía, que permitirá saber quienes, cuantos, donde, por qué y por quién sufrieron persecución y hasta muerte.

- Establecerá medidas de reconocimiento a las organizaciones beneficiadas por la realización de trabajos forzados a partir de los batallones de presos políticos.

- Fija un plazo de 18 meses para la retirada de escudos, placas y otros símbolos, como el nombre de calles, plazas y avenidas que exalten el golpe de 1936 y el franquismo, como recoge la Ley 52/07. Pero esta futura ley es más clara y avanza en este aspecto, ya que marca sanciones por la exhibición de simbología fascista y por cualquier tipo de manifestación y exaltación de la misma. No considera que puedan concurrir razones artísticas para el mantenimiento de elementos de exaltación de la dictadura, como si marca el marco estatal. La Junta de Andalucía efectuará la retirada "subsidiariamente" de esos símbolos.

- La Memoria democrática se incluirá en el currículo educativo en todos los niveles que garantice la información de lo acontecido durante el periodo republicano, la guerra de en España y la dictadura.

Como no podría ser de otro modo para que estas y otras medidas apuntadas en el norma de lleven a cabo, la ley marcará un presupuesto para ello y una memoria económica. Hemos de dejar constancia que, a partir de la Dirección Gral. de Memoria Democrática, en esta legislatura ya  se han venido realizando actuaciones que vendrá marcadas en la Ley, como es el caso de la señalización de los lugares de Memoria.

Por último, el PCE insiste en que, durante el debate parlamentario previa a su aprobación, se defienda la nulidad de la sentencias de los tribunales durante la dictadura, paso previo que nuestro partido a defendido siempre para acabar definitivamente con la impunidad del franquismo.

 Diego Valderas (@DValderasS), Vicepresidente de la Junta por IU lo comunicaba.

.@DValderasS "En Andalucía, la política de memoria se eleva a política pública: verdad, justicia y no repetición" ‪#‎EnAndalucíaHayMemoria.

@DValderasS "La Ley d Memoria reconoce la figura d ‪#‎BlasInfante, padre de la patria andaluza y víctima del fascismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "La Junta exigirá al Gobierno de España la anulación de las condenas del franquismo" #EnAndalucíaHayMemoria

@DValderasS "Ley d Memoria es d obligado cumplimiento d todas ls Administraciones Públicas" #EnAndalucíaHayMemoria

Frente al abandono sufrido por las víctimas del franquismo denunciada por la ONU #EnAndalucíaHayMemoria

Dignidad a las víctimas del franquismo sepultadas un silencio de décadas en fosas y cunetas #EnAndalucíaHayMemoria

A eliminar los símbolos del franquismo criminal en Andalucía! #EnAndalucíaHayMemoria



martes, 2 de diciembre de 2014

EL 4-D Y GARCÍA CAPARRÓS

  Es un día 4 de diciembre y en Andalucía las calles se llenan de manifestantes. Cuentan las crónicas que son cerca de dos millones de andaluces los que se echan a la calle a reivindicar su libertad y su autonomía. Similares manifestaciones tienen lugar en Galicia el mismo día. Sólo en Málaga el número alcanza los doscientos mil, que recorren las calles del centro de la ciudad de manera pacífica, las banderas blanquiverdes al viento.
   Todo transcurre en un ambiente festivo, sin caer en las provocaciones de la extrema derecha, que pretende reventar los actos. Sin embargo, la manifestación en la capital malagueña no termina en el orden en que comenzó: al dispersarse la multitud hay gritos, carreras, botes de humo, confusión. Un disparo realizado por la Policía Armada alcanza por la espalda a un joven manifestante. Es un chico de apenas 19 años, se llama Manuel José García Caparrós, afiliado a CC.OO., trabajador de una fábrica de cerveza. Sus compañeros cargan con el muchacho y tratan de llevarle al hospital, pero su vida se pierde por el camino.
   Este crimen se produce en el año 1977. Fue éste un año intenso en España. Se habían producido las matanzas de Atocha, las legalizaciones de PCE, CGT, CC.OO y UGT y las primeras elecciones democráticas. Se dividía la sociedad española en una derecha temerosa a los cambios que se estaban produciendo y que procuraba a toda costa mantener sus privilegios, frente a una izquierda activa y luchadora que, sin dejar de respetar el proceso democrático, movilizaba a las masas con sus reivindicaciones. Se habla en las calles andaluzas de Blas Infante, de la discriminación con respecto a otras regiones, de autonomía y sobre todo hay un fervoroso deseo de dejar atrás las oscuras décadas de atraso fascista.
El asesinato –aún impune- de García Caparrós ocurrió hace 37 años. Si aquel disparo cobarde hubiese errado su blanco, Manuel José  podría haber cumplido en la actualidad los 56.
   En perspectiva, el tiempo en el que sus ojos se cerraron no se diferencia tanto del tiempo que nuestros ojos ven ahora. Fuerzas reaccionarias se aferran con sus garras invisibles a sus reservas de poder: sustituyen con urgencia al monarca anciano por el hijo sin cuestionarse siquiera si ese proceso debe ser discutido por el pueblo, un pueblo mediatizado llora la muerte del aristócrata que nunca hizo nada por ellos y que atesoraba sus tierras, las tierras crían pasto ajenas a las manos desocupadas de los obreros, los obreros observan impasibles cómo vuelan sus derechos uno a uno y creen que sólo pueden rezar, rezan los sacerdotes en nuestros parlamentos y nos sermonean sobre lo que debemos creer, y cree el pueblo en lo que le venden los medios del capital sin cuestionarse su veracidad.
   Puede que hoy no se disparen ruidosas balas de plomo como en el 77. Pero en silencio sigue habiendo víctimas. Nos matan silenciosamente al condenarnos a formar parte de los seis millones de su ejército industrial de reserva, al explotarnos bajo salarios infames y condiciones abusivas, al defenestrar a las familias de sus casas, al exprimir nuestros bolsillos para extraer las monedas con las que pagan sus desastres financieros y al alimentar el miedo poniendo cadenas a nuestras reivindicaciones con sus leyes mordaza.
¿Hasta cuándo vamos a esperar para que nuestras calles se vean de nuevo ocupadas por millones de andaluces?
   Los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos.
¡Andalucía, despierta! ¡andaluces levantaos!
                                                   
                                                Nuestra DIGNIDAD
                                                                                sigue en MARCHA
                                                                          

lunes, 18 de noviembre de 2013

Llamamiento del XIX Congreso del PCE a la mayoría social trabajadora para una rebelión democrática


Partido Comunista de España / 17 nov 13


En un momento excepcional, el discurso y la acción del Partido Comunista de España debe ser excepcional. Por lo que el XIX Congreso del PCE hace un llamamiento a la movilización y a la conflictividad, intentando aglutinar a la mayoría social y elevando su nivel de conciencia. Hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que defienda una democracia social, económica y política que haga al pueblo depositario de la soberanía plena.

El compromiso del PCE con la construcción de un proceso constituyente, parte de la denuncia de la hipocresía de las fuerzas que llevan años desmantelando la Constitución del 78 porque les viene grande, porque les sobran los derechos que reconoce, aunque sea sólo de forma simbólica, porque han introducido, el artículo 135 que pone toda nuestra economía al servicio de la banca.

Frente a este intento de imponer una salida antisocial a la crisis, el XIX Congreso del PCE no asume la derrota y con toda claridad proclama su rechazo a cualquier Pacto de Estado que pretenda asegurar la restauración en una democracia limitada y secuestrada, para que la oligárquica blinde los intereses del capital para los próximos cuarenta años. Los comunistas no vamos a facilitar a la monarquía una transición pactada, sino al contrario, cada vez con más fuerza, situamos la lucha por la III República.

Para ello, es necesario construir un Bloque Político y Social capaz de conducir un cambio de sistema, es decir, conseguir una democratización del poder político y social para construir un nuevo Estado, una nueva economía, y una nueva sociedad justa e igualitaria, una Res-pública de mujeres y hombres libres del mal social de la explotación y del dominio. Construir un bloque político y social para la Ruptura Social y Democrática.

El Partido Comunista de España sabe lo que significa poner la unidad de la izquierda por encima de cualquier otro planteamiento y, una vez más en la historia, proclamamos desde este XIX Congreso nuestra pasión por la unidad de la clase trabajadora, de las fuerzas de la cultura, de la juventud, de las mujeres y de los sectores populares a los que llamamos a rebelarse.

Esta convocatoria a la rebelión democrática, tiene que comenzar con una llamada a:

1.- La realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública y la ruptura con la Troika.

2.- La actuación de los comunistas en los ayuntamientos y la defensa del poder local

3.- La elaboración de una propuesta de democracia avanzada y participativa-

1.- LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA PÚBLICA Y LA RUPTURA CON LA TROIKA.

La deuda pública se ha convertido en el instrumento más útil para las grandes empresas y grandes fortunas para llevar a cabo, y justificar simultáneamente, el expolio a los pueblos europeos.

La deuda pública de España era en 2006 tan sólo del 36,6%, mientras que en 2012 había alcanzado un 84,2% y se prevé que para finales de 2014 llegue a sobrepasar el 100%. Este espectacular crecimiento tiene su causa en las políticas que el Gobierno ha puesto en marcha para enfrentar la crisis creada por ellos mismos.

El capitalismo español, con todos sus rasgos caciquiles, clientelares y corruptos, se ha agotado. Y para superar tal crisis el sistema busca una reestructuración a fondo que paguen los trabajadores en forma de recortes, desempleo y desmantelamiento de las conquistas sociales y económicas.

En dicha tarea juega un papel fundamental la troika, la cual con sus políticas a favor de las “reformas estructurales” aspira a convertir a España en una economía más dependiente y periférica, cuyo crecimiento tenga sus fuentes en el empobrecimiento de los trabajadores.

Tanto PP como PSOE han cerrado filas en torno a la troika y sus dictados. La institucionalización del dogma de la “consolidación fiscal” ha sido uno de ellos. La reforma constitucional de 2011, que otorgó prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda pública por encima de cualquier otra partida de gasto, subordinando a la ciudadanía al capricho de los mercados y de su incesante afán de lucro. Tal reforma, a la que siguió la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, convirtió de facto a la deuda pública en una palanca financiera con la que se justifica el desmantelamiento de la sanidad, la educación, los servicios sociales e incluso los derechos laborales y civiles.

Para resistir este proceso de transformación social regresiva y poder comenzar un nuevo proceso de reconstrucción social y de lucha democrática es necesario que el Gobierno de España rompa relaciones con la troika y se niegue tajantemente a aceptar políticas que perjudican a la clase trabajadora mientras benefician a las clases dominantes. Por ello proponemos comenzar con el eslabón más importante de esa relación: la deuda pública.

El XIX Congreso del Partido Comunista de España exige la realización de una auditoría ciudadana de la deuda pública que permita delimitar qué parte de los contratos son ilegítimos, a partir de un criterio esencialmente solidario y de justicia social, y poner en marcha un proceso de reestructuración de dicha deuda, entendemos que gran parte de la deuda no es una deuda de la clase trabajadora sino de los culpables de la crisis y que en consecuencia no se debe pagar, trabajando con cuantos colectivos sociales, políticos o ciudadanos coincidan en este mismo objetivo.

2.- LA ACTUACIÓN DE LOS COMUNISTAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y LA DEFENSA DEL PODER LOCAL

En Abril de 1979 fueron elegidos miles de concejales comunistas en los Ayuntamientos de toda España. Bajo el lema “Quita un cacique, pon un Alcalde”, el Partido Comunista de España canalizaba la esperanza del pueblo trabajador organizado en el propio Partido, sindicatos o unas Asociaciones vecinales que vertebraban poder popular de una forma articulada y de gran incidencia social.

Treinta y cuatro años después, el gobierno del Partido Popular ha iniciado un proceso de demolición de los ayuntamientos entendidos como administración más cercana. La reforma del artículo 135 de la Constitución, que tanto daño está provocando en las capas populares, se revela como el anclaje a partir del cual inician un proceso para eliminar competencias municipales, suprimir servicios y privatizar aquéllos estratégicos cuya rentabilidad siempre ha revertido en favor de la comunidad local, como es el caso del Ciclo Integral del Agua.

Hablan los neoliberales, en una constante perversión del lenguaje, de clarificar competencias cuando quieren decir supresión de servicios; de reordenación del sector público cuando quieren decir despidos masivos; y de promoción de la actividad privada cuando quieren decir privatización en favor de las empresas de la oligarquía financiera española, que, agotado el modelo del ladrillo, buscan en la rentabilidad de los servicios municipales el nuevo manantial de negocios.

De los tres niveles de que se compone el Estado, el local es el que con diferencia contempla más potencialidades para desarrollar los mecanismos de una democracia participativa directa, que refuerce a la ciudadanía en su capacidad de determinación de las política de su territorio.

Por ello, el XIX Congreso del Partido Comunista de España:

1.- Defiende la necesidad de profundizar y mejorar el nivel competencial de los municipios españoles acompañado de un modelo de financiación que adecue su capacidad de intervención en el territorio a las exigencias de los servicios que gestiona, y que deben contemplar los de carácter más social. En consecuencia, muestra su rechazo frontal a la Reforma de la administración local propuesta por el gobierno del Partido Popular, porque supone un golpe de Estado a los Ayuntamientos y al municipalismo.

2.- Apuesta por un desarrollo de los municipios como espacios y ejemplo de democracia participativa que estimule la vertebración social y comunitaria, conceda a la ciudadanía la toma de decisiones y contribuya a la creación de poder popular desde la institución más cercana al pueblo trabajador.

3.- Insta a la militancia comunista a construir Bloque Político y Social también en el ámbito municipal, fortaleciendo el tejido asociativo en el movimiento vecinal y las entidades locales, así como en cuantos frentes de lucha se articulen en defensa del territorio, local, rural o urbano.

3.- LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA DE DEMOCRACIA AVANZADA Y PARTICIPATIVA-

El capitalismo utiliza las crisis que genera para producir sistemáticos recortes sociales y económicos sobre la clase trabajadora, y construir un relato político según el cual el problema último reside en la Política y en las organizaciones políticas. Un discurso peligroso que abre la puerta a tesis populistas y fascistas, precisamente en un contexto social de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y emergencia creciente de las organizaciones de ultraderecha.

Para el Partido Comunista de España es urgente responder activamente y seguir ofreciendo a la clase trabajadora instrumentos con los que combatir tanto al capitalismo como al fascismo. Y uno de esos pasos imprescindibles pasa por profundizar los mecanismos democráticos con los que la clase trabajadora puede fiscalizar a los representantes elegidos por ella.

El PCE impulsará el desarrollo de medidas que avancen hacia una democracia participativa, con instrumentos de control real. En lo concreto planteamos impulsar un amplio encuentro social para elaborar una propuesta constituyente de un modelo de democracia participativa, para trasladar a las instituciones y a las fuerzas políticas y sociales que, al menos, contemple:

- Creación de un Consejo de Control Social y Democrático de la Gestión Publica, en la que se depositen los diferentes programas electorales y se haga un seguimiento de su cumplimiento, ya que los programas electorales deben ser un contrato de obligado cumplimiento entre la fuerza política que lo presenta y la ciudadanía que lo respalde.

- Regulación más efectiva de las campañas electorales para limitar gastos y ampliar la pluralidad, de manera que lo fundamental sea el debate publico y la información programática, con la prohibición de donaciones privadas a los Partidos Políticos

- Regulación e instauración de los revocatorios tanto para los cargos públicos como para los dirigentes políticos, con la idea de evitar que los representantes se separen de quienes les han elegido y de sus intereses.

- Regulación de la obligación de que los representantes públicos y dirigentes políticos rindan cuentas de su gestión anualmente y poder recibir al mismo tiempo nuevas propuestas.

- Desarrollo de mecanismos de participación de los movimientos sociales, sindicales y ciudadanos en las instituciones, de forma especial en el Parlamento.

-. Elaboración una Ley electoral que permita una representación real y proporcional de los electores/as en las instituciones.
Por último, el XIX Congreso del PCE reitera su compromiso con la unidad de la izquierda, una unidad desde la base, que se materializa y parte del proyecto de IU, una de las principales y más duraderas experiencias de unidad de la izquierda en España. Un proyecto que aglutina a una gran parte de la izquierda política, que tiene que crecer y ampliarse como Movimiento Político y Social, en el marco de un proceso de convocatoria que aglutine a la mayoría social que sufre la crisis, defendiendo la máxima unidad de las fuerzas de izquierdas, de los movimientos sociales, de los sindicatos de clase, para disputar la hegemonía y el poder a la derecha y avanzar hacia el socialismo y el comunismo.




















lunes, 28 de octubre de 2013

REFLEXIONES TRAS EL XI CONGRESO DE PCA EN MAIRENA

“No habrá ningún gobierno del PP por acción u omisión de IU"

Palabras de Cayo Lara el pasado 19-11-2011 a tres días de las elecciones municipales, que en Mairena, ha servido para dar la alcaldía al PP con los votos de IU y que sus tres concejales formen parte del gobierno.



El Congreso del PCA en Mairena debe servir de ilusión y estímulo para los afiliados y simpatizantes de ésta formación. Para reafirmar a éstas personas, que pese a todas las adversidades, siguen creyendo en su ideales y siguen siendo fieles al Partido Comunista y sus principios.

La indignación plasmadas en las camisetas, de las personas de PCA de Mairena, se hizo para despertar las conciencias de los allí presentes y responsables de la situación que se vive en Mairena. El PCA de Mairena pidió el amparo del congreso para aclarar, resolver y normalizar la actividad política de IULV:  porque no se está cumpliendo el procedimiento, se han infligido distintos artículos de los estatutos y se han vulnerado los acuerdos de los organos superiores de IU en materia de pactos electorales.

Seguiremos esperando... Seguiremos creyendo...

   Artículo del boletín informativo del PCA de Mairena del Alcor: TU VOZ.   @pcamairenalcor                                                                                                                                                                                                                                                
  

sábado, 19 de octubre de 2013

EL PCA SE SOLIDARIZA CON LOS AFECTADOS DE SANROCOM

MANIFESTACIÓN DE TRABAJADORES Y PROVEEDORES.
El pasado día 19 de octubre, se manifestaron por las calles de Mairena, los afectados por los impagos de SANROCOM. El punto de partida fue el HOTEL MAIRENA, propiedad del Grupo Carreto,  y terminó en el Ayuntamiento donde se reunieron con los diversos grupos políticos.